Inmigración Hoy

El Departamento de Justicia ayer presentó una demanda legal para bloquear la implementación de la ley H.B. 56 de Alabama, considerando que ésta viola la Constitución de los Estados Unidos. La ley, que está siendo impugnada por el gobierno federal, entraría en vigor el 1ero de septiembre.

La H.B. 56 es considerada la más restrictiva de todas las medidas anti-inmigrantes estatales aprobadas hasta el momento – aún más que la S.B. 1070 de Arizona. Esta ley haría ilegal transportar y ayudar a indocumentados y caminar por las calles sin documentos de identificación. También exigiría a las escuelas que verifiquen el estatus legal de estudiantes y reportar a las autoridades de inmigración a extranjeros sin papeles. Entre otras medidas, la H.B. 56 otorga poderes extraordinarios a las policías locales para arrestar a personas si tienen duda razonable que sean indocumentados.

En la demanda, presentada ante un tribunal federal en el Distrito Norte de Alabama, el Departamento de Justicia señala que varias cláusulas de la H.B. 56 se anteponen a la ley federal y que la aplicación de esta ley podría resultar en “el acoso y detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales e incluso ciudadanos de los EE.UU. que no puedan demostrar rápidamente su condición legal.” Por lo tanto, busca su anulación.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia aclaró que “aunque el gobierno federal valora la asistencia y cooperación en el cumplimiento de las leyes de inmigración, un estado no puede establecer su propia política inmigratoria y mucho menos, pasar leyes que entran en conflicto con las autoridades federales.”

El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, dijo en un comunicado que “establecer políticas de inmigración y hacer cumplir leyes inmigratorias es una responsabilidad nacional que no puede ser reemplazada por un conjunto de leyes estatales”.

El jefe de policía de la ciudad de Birmingham ha expresado su preocupación que esta ley perjudicaría la habilidad del departamento de policía de proteger de forma efectiva a la comunidad, ya que obligaría utilizar sus escasos recursos para hacer cumplir leyes inmigratorias.

La Corte Suprema de Estados Unidos, en un voto de 5 a 3, esta mañana avaló una ley de Arizona que permite al estado castigar severamente a empresas que contratan a inmigrantes indocumentados y autoriza el uso obligatorio del programa federal E-Verify para verificar el estatus migratorio de los empleados.

En su resolución, la mayoría de los jueces consideran que la ley, titulada por Arizona ”Legal Arizona Workers Act”, permite a las autoridades de ese estado a revocar o suspender licencias a empresas o comercios, inclusive hasta cerrar negocios que contraten a sabiendas a trabajadores indocumentados.

Los jueces que votaron a favor de la ley son John Roberts, Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Samuel Alito y Clarence Thomas.

Los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor votaron en contra, argumentando que la ley de Arizona impondrá cargas adicionales a empleadores que operan legalmente.  Además, expresaron preocupación de que empleadores temerosos, al tratar de cumplir con las nuevas imposiciones del estado, podrían caer en discriminación laboral ilegal al momento de contratar a empleados.

La juez Elena Kagan no participó en el caso debido a que anteriormente ocupó el cargo de procuradora general (“Solicitor General”) ante la Corte Suprema para la administración del Presidente Obama.

La ley “Legal Arizona Workers Act” fue avalada en el 2007 por la entonces gobernadora de Arizona Janet Napolitano.  La Cámara de Comercio de los Estados Unidos y diversas organizaciones de derechos civiles disputaron la ley, llevando el caso “Cámara de Comercio versus Whiting” ante la Corte Suprema.

La decisión de la Corte Suprema es una victoria para el gobierno de Arizona y un duro revés a la administración Obama que insistía que los gobiernos estatales no tienen autoridad para regular leyes federales en asuntos de inmigración.

Esta decisión deja un precedente que podría abrirle el camino a otros estados y ciudades a adoptar leyes similares a la de Arizona.

La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito hoy decidió mantener las restricciones en contra de la implementación de secciones de la ley S.B. 1070, incluyendo la más controversial – la que obligaría a agentes de la policía a verificar el estatus migratorio de todas las personas que “sospechen” que se encuentran de manera ilegal en el país.

El tribunal federal se rehusó a modificar la orden emitida por la juez Susan Bolton el 28 de julio del año pasado, un día antes de que entrara en vigor.  Esta decisión significa que la ley no podrá ser implementada tal como lo desea la gobernadora Jan Brewer.  Ante la decisión del tribunal, la gobernadora de Arizona dijo mediante un comunicado de prensa, que su equipo legal analizará si apela la decisión de la Corte de Apelaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Un tribunal federal de apelaciones falló que una ordenanza municipal anti-inmigrante aprobada por la ciudad de Hazleton, Pennsylvania es anti-constitucional.  El tribunal dictaminó que la disputada Ley de Alivio a la Inmigración Ilegal, usurpaba la prerrogativa exclusiva del gobierno federal de regular la inmigración.  El caso había estado pendiente en las cortes desde el 2008.

La ciudad pretendía penalizar a empresas que emplearan a personas sin documentos y aplicar multas a propietarios que rentaran casas a indocumentados.

Desde un principio, grupos hispanos y defensores de los inmigrantes demandaron al municipio argumentando que la regulación inmigratoria es de competencia exclusiva del gobierno federal. Las leyes nunca fueron aplicadas.

Esta decisión podría sentar un precedente en el caso de la ley S.B. 1070 de Arizona, que será revisada por un tribunal federal durante la primera semana de noviembre.

La corte federal de apelaciones del Noveno Circuito rechazó la moción de la Gobernadora Janice Brewer en el caso de la ley S.B. 1070.  La gobernadora pedía que se acelere su apelación a la decisión de la juez Susan Bolton, que bloquea partes de la controversial ley.

De haber cedido a la moción, la corte hubiera comenzado a oir argumentos a favor y en contra de la apelación a partir de la segunda semana de septiembre. Sin embargo, la corte ordenó que se continúe con el proceso regular de apelación.  Eso significa que el estado deberá presentar los debidos escritos judiciales, el gobierno federal tendrá que responder a esos argumentos y finalmente, habrá que esperar una respuesta del estado.

Tomando esto en cuenta, se ha dictaminado que la primera audiencia en el caso de apelación de la S.B. 1070 será en la primera semana de noviembre. Dado que es dudoso que los jueces tomen una decisión inmediata, es posible que se tenga un dictamen recién en diciembre.  Quien pierda la apelación en ese momento, podrá apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El estado de Arizona y la Gobernadora Janice K. Brewer presentaron ayer una apelación en la corte federal de apelaciones del Noveno Circuito, la cual propone cancelar la orden de bloqueo preliminar que fue emitida por la juez del distrito federal Susan Bolton el miércoles.  Junto con la apelación se presento una moción para acelerar la entrega de escritos legales y programar audiencias frente a la corte.

Se estima que la corte de apelaciones escuchará argumentos legales entre agosto y septiembre para determinar si la juez Bolton abusó de su discreción al bloquear cuatro secciones de la ley S.B. 1070.  La decisión de la corte de apelaciones podrá ser apelada ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual podría revisar el caso en octubre cuando regrese de su descanso de verano.

A solo horas antes de que la ley entrara en efecto, la juez federal Susan Bolton bloqueó las partes más controversiales de la ley S.B. 1070.  La ley va a entrar en vigor mañana, jueves 29 de julio, pero sin las provisiones que preocupaban a la comunidad latina y a activistas y defensores de inmigrantes indocumentados.

La juez Bolton dictaminó que agentes de la policía no podrán pedirle a las personas documentación que compruebe su estatus inmigratorio, ni podrán hacer arrestos sin una orden de detención, simplemente por sospechar que una persona sea indocumentada.   Además, Arizona no podrá penalizar a inmigrantes por no llevar consigo sus documentos inmigratorios en todo momento, ni podrá criminalizar a personas indocumentadas por solicitar trabajo o trabajar sin autorización.

La juez dictaminó que la ley perjudicaría a extranjeros que están legalmente en el país.  Así lo expresó: “Requerir que agentes y agencias de la ley de Arizona determinen el estatus inmigratorio de toda persona arrestada perjudicaría a inmigrantes documentados porque los privaría de su libertad mientras se verifica su estatus.”

La juez Bolton dictaminó que las controversiales secciones de la ley serán postergadas hasta que las cortes puedan resolverlas. Otras provisiones de la ley y algunas revisiones a un estatuto inmigratorio de Arizona entrarán en vigor a las 12:01 a.m.

La compañía ImpreMedia, que es dueña de los diarios La Opinión de Los Angeles, El Diario/La Prensa de Nueva York y otros periódicos alrededor del país, esta semana ha lanzado un proyecto especial sobre la controversial ley S.B. 1070.

A través de la versión digital, pueden ver videos, fotografías y enterarse de la cronología que culminó en el proyecto de ley que la gobernadora del estado de Arizona convirtió en ley con su firma.

Varias demandas en contra de la ley se están disputando en estos momentos en una corte en Phoenix, Arizona.  Si la juez federal que está escuchando los argumentos no bloquea la ley pronto, la S.B. 1070 entrará en vigor este jueves, 29 de julio.

Ya es oficial.  El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de presentar una demanda en contra del estado de Arizona para detener la implementación de la ley SB1070.

La demanda, presentada hoy en una corte federal en Phoenix, argumenta las siguientes 3 causas de acción:

1. La ley SB1070 viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos porque la ley representa un esfuerzo no permisible a establecer sus propias leyes inmigratorias y directamente regular el estatus inmigratorio de extranjeros, lo cual está prohibido por la sección 2 del artículo VI de la Constitución.

2.  La ley SB1070 es reemplazada por las existentes leyes federales de inmigración y política extranjera de los EE.UU.

3.  La ley viola la Cláusula de Comercio de la Constitución porque restringe el movimiento interestatal de personas en una manera que está prohibida por la sección 8 del artículo I de la Constitución.

El gobierno federal solicita que la corte declare la ley SB1070 inválida, nula y sin efecto.  También busca el bloqueo preliminar y permanente contra el estado de Arizona, sus oficiales, agentes y empleados de hacer cumplir la ley SB1070.