Inmigración Hoy

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha habilitado líneas de ayuda de teléfono para responder a preguntas sobre cómo la gente puede reportar posibles violaciones de derechos civiles en Arizona y si tiene preguntas adicionales para el DOJ sobre el fallo de la Corte Suprema sobre la ley de Arizona S.B. 1070.

Esta es la línea de ayuda para reportar violaciones de derechos civiles:

855-353-1010

La llamada es gratuita.  También puede enviar un e-mail a esta dirección: Sb1070@usdoj.gov

Para consultas adicionales con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos llame a este número:

202-514-3465

Este número no es gratuito.  También puede enviar un e-mail a esta dirección: oipl@usdoj.gov

En una decisión presentada ayer, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló que tres secciones de la ley anti-inmigrante de Arizona S.B. 1070 son inconstitucionales, pero aprobó la sección más controversial  y la que muchos temen llevará a la implementación de perfil racial de Latinos en Arizona.

En un voto de 5 a 3, los magistrados del máximo tribunal invalidaron las siguientes tres disposiciones:

1. la que obligaba a portar documentos migratorios, pues se consideraba delito no tener un registro federal

2. la que convertía en crimen que inmigrantes sin papeles trabajaran o buscaran trabajo

3. la que permitía arrestar a sospechosos de estar en situación migratoria irregular, sin una orden de arresto.

La Corte Suprema aprobó la cláusula 2(B).  Esta parte es la más controversial de la ley S.B. 1070, porque permite a la policía estatal solicitar documentos para determinar la situación migratoria de alguien legalmente detenido o arrestado si existe “sospecha razonable” de que es indocumentado.

Sin embargo, la Corte dejó abierta la posibilidad que esta sección podría estar sujeta a demandas judiciales dependiendo en cómo sea implementada.

El Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ) el martes presentó una demanda para detener la implementación de una ley de inmigración en el estado de Utah.

Según el DOJ, la ley H.B. 497 es inconstitucional porque intenta establecer política inmigratoria a nivel estatal, algo que según la Constitución de los EE.UU., solo le incumbe al gobierno federal.

Entre otras cosas, la ley H.B. 497 permite el arresto sin órdenes de arresto de sospechosos de estar en el país ilegalmente y transforma en delito el alojar a indocumentados.

El Secretario de Justicia de EE.UU., Eric Holder, en un comunicado de prensa, enfatizó que la ley de Utah interfiere con la ley federal y que además, podría conducir al acoso y la detención de visitantes extranjeros e inmigrantes legales que están en el proceso de tener su estatus de inmigración.

Además el estado propone crear un programa de “trabajadores huéspedes” para trabajadores indocumentados que vivan en Utah, por medio de los estatutos H.B. 116 y H.B. 469.  Como estas disposiciones no entrarán en vigor hasta el año 2013, el DOJ decidió no presentar acción legal en contra de estas medidas por el momento.

Esta es la cuarta demanda que el gobierno federal presenta en contra de estados que han aprobado leyes inmigratorias, en contra de los mandatos constitucionales del país.  El DOJ anteriormente demandó a Arizona, Alabama y Carolina del Sur.

Russell Pearce, el presidente del Senado de Arizona y autor de la ley anti-inmigrante S.B. 1070, fue destituido de su puesto en las elecciones del martes, 8 de noviembre.

La destitución del senador estatal es el resultado de una intensa campaña comunitaria para removerlo del cargo.

En julio de este año, el grupo Ciudadanos por una Mejor Arizona recolectaron más de 10 mil firmas para expulsar a Pearce del escaño que ocupaba en Mesa, Arizona.

Pearce, un republicano, perdió la elección convocada sobre su destitución.  Lo reemplazará el republicano Jerry Lewis, quien ganó las elecciones con un 53% de los votos. Pearce obtuvo el 45%.

Lewis, que habla español, dijo que será más moderado en el tema de inmigración y expresó que los inmigrantes indocumentados deben tener la oportunidad de vivir y trabajar en los Estados Unidos.

El Departamento de Justicia ayer presentó una demanda legal para bloquear la implementación de la ley H.B. 56 de Alabama, considerando que ésta viola la Constitución de los Estados Unidos. La ley, que está siendo impugnada por el gobierno federal, entraría en vigor el 1ero de septiembre.

La H.B. 56 es considerada la más restrictiva de todas las medidas anti-inmigrantes estatales aprobadas hasta el momento – aún más que la S.B. 1070 de Arizona. Esta ley haría ilegal transportar y ayudar a indocumentados y caminar por las calles sin documentos de identificación. También exigiría a las escuelas que verifiquen el estatus legal de estudiantes y reportar a las autoridades de inmigración a extranjeros sin papeles. Entre otras medidas, la H.B. 56 otorga poderes extraordinarios a las policías locales para arrestar a personas si tienen duda razonable que sean indocumentados.

En la demanda, presentada ante un tribunal federal en el Distrito Norte de Alabama, el Departamento de Justicia señala que varias cláusulas de la H.B. 56 se anteponen a la ley federal y que la aplicación de esta ley podría resultar en “el acoso y detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales e incluso ciudadanos de los EE.UU. que no puedan demostrar rápidamente su condición legal.” Por lo tanto, busca su anulación.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia aclaró que “aunque el gobierno federal valora la asistencia y cooperación en el cumplimiento de las leyes de inmigración, un estado no puede establecer su propia política inmigratoria y mucho menos, pasar leyes que entran en conflicto con las autoridades federales.”

El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, dijo en un comunicado que “establecer políticas de inmigración y hacer cumplir leyes inmigratorias es una responsabilidad nacional que no puede ser reemplazada por un conjunto de leyes estatales”.

El jefe de policía de la ciudad de Birmingham ha expresado su preocupación que esta ley perjudicaría la habilidad del departamento de policía de proteger de forma efectiva a la comunidad, ya que obligaría utilizar sus escasos recursos para hacer cumplir leyes inmigratorias.

La Corte Suprema de Estados Unidos, en un voto de 5 a 3, esta mañana avaló una ley de Arizona que permite al estado castigar severamente a empresas que contratan a inmigrantes indocumentados y autoriza el uso obligatorio del programa federal E-Verify para verificar el estatus migratorio de los empleados.

En su resolución, la mayoría de los jueces consideran que la ley, titulada por Arizona ”Legal Arizona Workers Act”, permite a las autoridades de ese estado a revocar o suspender licencias a empresas o comercios, inclusive hasta cerrar negocios que contraten a sabiendas a trabajadores indocumentados.

Los jueces que votaron a favor de la ley son John Roberts, Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Samuel Alito y Clarence Thomas.

Los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor votaron en contra, argumentando que la ley de Arizona impondrá cargas adicionales a empleadores que operan legalmente.  Además, expresaron preocupación de que empleadores temerosos, al tratar de cumplir con las nuevas imposiciones del estado, podrían caer en discriminación laboral ilegal al momento de contratar a empleados.

La juez Elena Kagan no participó en el caso debido a que anteriormente ocupó el cargo de procuradora general (“Solicitor General”) ante la Corte Suprema para la administración del Presidente Obama.

La ley “Legal Arizona Workers Act” fue avalada en el 2007 por la entonces gobernadora de Arizona Janet Napolitano.  La Cámara de Comercio de los Estados Unidos y diversas organizaciones de derechos civiles disputaron la ley, llevando el caso “Cámara de Comercio versus Whiting” ante la Corte Suprema.

La decisión de la Corte Suprema es una victoria para el gobierno de Arizona y un duro revés a la administración Obama que insistía que los gobiernos estatales no tienen autoridad para regular leyes federales en asuntos de inmigración.

Esta decisión deja un precedente que podría abrirle el camino a otros estados y ciudades a adoptar leyes similares a la de Arizona.

La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito hoy decidió mantener las restricciones en contra de la implementación de secciones de la ley S.B. 1070, incluyendo la más controversial – la que obligaría a agentes de la policía a verificar el estatus migratorio de todas las personas que “sospechen” que se encuentran de manera ilegal en el país.

El tribunal federal se rehusó a modificar la orden emitida por la juez Susan Bolton el 28 de julio del año pasado, un día antes de que entrara en vigor.  Esta decisión significa que la ley no podrá ser implementada tal como lo desea la gobernadora Jan Brewer.  Ante la decisión del tribunal, la gobernadora de Arizona dijo mediante un comunicado de prensa, que su equipo legal analizará si apela la decisión de la Corte de Apelaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Los senadores republicanos David Vitter (Luisiana) y Rand Paul (Kentucky), el jueves presentaron una propuesta en el Senado de los Estados Unidos para enmendar la Constitución de los Estados Unidos y negarles la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país.

La iniciativa pretende anular el derecho de ciudadanía automática a niños nacidos en este país, a no ser que uno de los padres sea un ciudadano estadounidense, residente permanente o miembro activo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Este derecho esta estipulado en la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, establecida en 1868 después de la Guerra Civil para asegurar la ciudadanía de los esclavos afro americanos, y hoy en día incluye a toda persona que nace en el país, con la excepción de hijos de diplomáticos.

Será difícil que el proyecto prospere, ya que tendría que ser aprobada con mayorías de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso, y luego ratificada por tres cuartas partes de los estados (38 de los 50).

Legisladores republicanos de Arizona ayer también presentaron un proyecto de ley que propone anular el derecho de ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos dentro de su estado.  El representante John Kavanagh y el senador estatal Ron Gould presentaron iniciativas en ambas cámaras legislativas de Arizona.

Legisladores en otros estados, incluyendo Pennsylvania, Oklahoma, Georgia, y Carolina del Sur, entre otros, están gestionando medidas similares.

En una conferencia de prensa realizada hoy miércoles, 5 de enero, coordinada para coincidir con el primer día del nuevo Congreso federal, 5 legisladores republicanos presentaron dos propuestas que buscan negarle la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados.

Una medida propone la creación de una nueva definición de ciudadanía del estado, además de la ciudadanía nacional, que excluiría a los bebés nacidos en el estado con dos padres inmigrantes ilegales.

La segunda medida es un convenio entre los estados para emitir certificados que claramente muestren que los padres del bebé no pueden comprobar su estatus legal.

Estos proyectos de ley estatales también le negarían la ciudadanía a los hijos recién nacidos de inmigrantes legales que viven en los Estados Unidos con visas temporales.

Legisladores republicanos de Arizona, Carolina del Sur, Georgia, Oklahoma y Pensilvania expresaron su intención de introducir los proyectos de ley en sus asambleas legislativas.

Durante su presentación, estos legisladores republicanos acusaron a los inmigrantes indocumentados de haber invadido el país, de venir con el expreso propósito de dar a luz en Estados Unidos, y de ser un peso económico para el país. Reconocen que su iniciativa seguramente será impugnada como inconstitucional.  Pero indicaron que esperan que sus esfuerzos culminen en la Corte Suprema, la cual deberá dictaminar sobre la propuesta de modificar la  enmienda 14 de la constitución de los EE.UU.

La 14ª Enmienda, adoptada en 1868 por el Congreso de los EE.UU., establece que la ciudadanía es concedida por ley a “todas aquellas personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción”.

Esta iniciativa de los legisladores republicanos propondría establecer dos diferentes clases de ciudadanos y es inconstitucional.

Es irónico que estas personas que argumentan que se debe cumplir la ley deportando a personas indocumentadas son las mismas que quieren ignorar la ley – la que establece la ciudadanía de personas nacidas en este país – como está estipulada en la Constitución de los Estados Unidos.

Un tribunal federal de apelaciones falló que una ordenanza municipal anti-inmigrante aprobada por la ciudad de Hazleton, Pennsylvania es anti-constitucional.  El tribunal dictaminó que la disputada Ley de Alivio a la Inmigración Ilegal, usurpaba la prerrogativa exclusiva del gobierno federal de regular la inmigración.  El caso había estado pendiente en las cortes desde el 2008.

La ciudad pretendía penalizar a empresas que emplearan a personas sin documentos y aplicar multas a propietarios que rentaran casas a indocumentados.

Desde un principio, grupos hispanos y defensores de los inmigrantes demandaron al municipio argumentando que la regulación inmigratoria es de competencia exclusiva del gobierno federal. Las leyes nunca fueron aplicadas.

Esta decisión podría sentar un precedente en el caso de la ley S.B. 1070 de Arizona, que será revisada por un tribunal federal durante la primera semana de noviembre.